Con un balance satisfactorio en materia de reparación colectiva de víctimas, desminado e implementación de la Política Pública de Víctimas, se realizó la primera sesión ordinaria del año del Comité Departamental de Justicia Transicional en la Gobernación de Antioquia.
Uno de los avances más importantes está relacionado con el cierre completo de siete procesos de reparación colectiva en el departamento, siendo el primer año en que esto sucede en Antioquia.
Según explicó Rafael Blanco, secretario de Gobierno, Paz y Noviolencia, en el departamento se han cerrado siete sujetos de reparación colectiva en las subregiones del Urabá, Oriente y Bajo Cauca.
Luz Patricia Correa, directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, Paz y Noviolencia manifestó que “esto iba lento, hay sujetos que empezaron hace 8 o 9 años, parece poco porque son 69 procesos, es decir, se avanza en un 10%, pero esto significa que ya tienen un cierre junto a todas las medidas que quedaron contenidas en el plan”.
Igualmente, en dicha sesión se destacó que el proceso de desminado avanza de manera importante en Antioquia, pues se pasó de ocupar el primer lugar del país con estos artefactos instalados en el territorio, a estar en un cuarto lugar, lo que significa que el desminado se ha venido haciendo de manera satisfactoria.
Justamente, se declararon dos municipios como libres de sospecha de minas antipersonal, Montebello y Sonsón. El proceso continúa a lo largo y ancho del territorio antioqueño y avanzan las actividades de educación en el riesgo de minas antipersonal.
Rafael Blanco, secretario de Gobierno, Paz y Noviolencia, indicó, además, que en la reunión fue aprobado el plan de trabajo del año y se revisaron las acciones para continuar la labor humanitaria y llegar con una oferta a cada territorio, para atender esta problemática.
“Tenemos retos importantes que por instrucción del gobernador seguiremos revisando para fortalecer las líneas de acción para poderles cumplir a las víctimas”, expresó.
Blanco agregó que en Derechos Humanos durante 2021 y lo que va de 2022 hay retos importantes en temas de desplazamiento forzado, minas, prevención del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes y la tasa de homicidios que también es una prioridad, para garantizar la vida de los habitantes de Antioquia y para lo cual hay rutas y planes que desde el departamento se vienen desarrollando en articulación con otras instituciones.
Asimismo, manifestó que la Política Pública de Atención a las Víctimas es un reto importante, “hay inversiones por más de un billón y medio de pesos para atender a las víctimas del conflicto armado con la unidad de víctimas y poder llegar a restablecer los derechos y de esta manera reparar a las víctimas, más de un millón 400 mil que viven en el departamento”.
Fuente: Gobernación de Antioquia
